PANEL 1
Baldíos
de la Nación en conflictividad
Miercoles 6 de Marzo 2013 -
9am
En el marco del proyecto, realizado entre la Subgerencia de tierras del INCODER y la Corporación Latinoamericana Misión Rural, Acción de información comunitaria de los elementos de política para el uso de las tierras rurales de acuerdo con su vocación y en correspondencia con las actuaciones del Incoder, se desarrollan dos paneles estratégicos y un Foro Internacional.
Baldíos de la Nación en Conflictividad
La nueva política integral de tierras del gobierno nacional,
contempla entre otras cosas, la restitución de tierras y la recuperación de los
baldíos de la nación indebidamente ocupados. Pero actualmente, el Estado no
tiene precisión sobre cuántos baldíos tiene y en dónde están ubicados, dos
elementos que involucran un reto de grandes complejidades para las condiciones
actuales, pues se parte de la ausencia de cifras y de información confiable.
En este escenario, el panel “Los baldíos de la nación en
conflictividad”, se configura como un espacio de reflexión para mirar la
situación actual de los baldíos en Colombia, las causas que los llevaron al
estado actual, y las posibilidades efectivas y existentes en materia de
recuperación; así como los temas que se entrecruzan con esta problemática, el
desplazamiento forzado, la lucha territorial de los campesinos, y la
inexplotación de la tierra.
Memorias Panel 1
Jorge Enrique Vélez.
Actual Superintendente de Notariado
y Registro. Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha ocupado varios
puestos en la administración de Medellín, donde ha desarrollado su carrera
política. Ha sido asesor de la ONU para la Superintendencia de Transportes,
Representante de Colombia al Cempes ante la OEA, asesor
de tránsito de las alcaldías de Bogotá y de Pereira y miembro de las juntas
directivas del Metro de Medellín.
Absalón Machado.
Economista de la Universidad de Antioquia, con Maestría en
desarrollo agrícola de la Universidad de Chile.
Experto en temas agrarios y agroindustriales. Ha estado vinculado a
organizaciones como el CEGA, IICA, ANDI y el Ministerio de agricultura. En la
academia con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y
la Universidad de los Andes. Es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias
Económicas. Absalón Machado fue director académico del Informe Nacional de
Desarrollo Humano 2011, Colombia Rural – Razones para la esperanza. Actualmente
es docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia.
Jhenifer Mojica.
Abogada especializada en
Instituciones Jurídico Procesales de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Colombia. Experta en temas de restitución de tierras a víctimas del
conflicto armado en zonas rurales. Ha estado vinculada con diversas
organizaciones a nivel nacional e internacional, entre ellas: el
Ministerio del Interior y de Justicia, la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, USAID y en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural como asesora para la formulación e implementación de la ley
de Víctimas y Desarrollo Rural. Actual Subgerente de tierras Rurales
INCODER.
Moderador
Antonio Morales.
Antropólogo,
periodista e investigador. Su carácter inquisitivo y juicioso en el análisis de
los asuntos políticos, sociales y culturales del país, su pluma directa y su
experiencia en el ámbito de las ciencias sociales, lo han llevado a trabajar en
diversos campos como la prensa escrita, la televisión, y la academia. Ha sido
galardonado en varias oportunidades con el Premio Simón Bolívar de Periodismo,
el India Catalina, el Premio Nacional de Cuento, y el Premio Nacional de
Periodismo CPB.
Ponencias
BALDIOS DE LA NACION EN CONFLICTIVIDAD
Ponencia 6 de marzo de 2013
Jhenifer Mojica Florez
1. EL DESPOJO DE LOS BALDIOS EN COLOMBIA
(Diagnóstico)
·
A raíz de la política de restitución de tierras,
todas las instituciones han encontrado una serie de pendientes de muchos años
que nunca han sido resueltos. Ejemplo: inventario de baldíos, desactualización
catastral, falta de información registral, corrupción.
·
Se ha encontrado y caracterizado un despojo
silencioso a través de la apropiación ilegal de los baldíos de la Nación. Aún
es incalculable la magnitud de este despojo.
·
Formas de despojo de baldíos: apropiación
física, titulaciones ilegales, falsas tradiciones, aclaración de linderos que
incorporan baldíos a propiedades.
·
La administración de los baldíos es nula, esto
propicia también el desorden en el uso y aprovechamiento de la tierra:
Conflictos de uso, uso improductivo, latifundio improductivo, minifundio sin
asistencia ni inversión, conflictos con ambiente y minería.
·
No hay conciencia sobre los baldíos que son de
la Nación, ni en las instituciones, ni en los órganos de control, ni en los
jueces, ni en la sociedad civil, ni en los ciudadanos.
2. RETOS QUE REPRESENTA EL PROCESO DE
RECUPERACIÓN
·
La responsabilidad sobre los baldíos aunque
principalmente es del Incoder, también representa actuaciones necesarias por
parte de otras instituciones: Registro de instrumentos públicos, IGAC y
catastros, notarias, jueces, Ministerio Público, órganos de control,
corporaciones autónomas, fiscalía y alcaldes.
·
La respuesta a estos problemas siempre requiere
de una actuación coordinada del Estado en pleno. Cada actuación o proceso
requiere de muchas otras actuaciones, por lo que no basta con el
fortalecimiento de una sola entidad.
·
Un reto inicial es la información. Necesarias
bases de datos, sistemas de información, introducción de nuevas tecnologías de
georeferenciación, organización de archivos y articulación de sistemas para
compartir información en línea.
·
Un reto fundamental es la capacidad
institucional. Necesaria creación de grupos de trabajo, responsables,
interdisciplinarios, técnicos capacitados, que tengan dedicación exclusiva a
estos temas, y que cuenten con los recursos tecnológicos y financieros.
·
Un reto esencial es la voluntad política. Nuestro
marco jurídico ha tenido previsto desde hace varias décadas las fórmulas para
regular los baldíos, su preservación y su recuperación. Si esto no ha
funcionado en parte es por la falta de decisión del Estado en pleno para
hacerlos cumplir. Hoy se suman las dificultades que representa el hecho de
abordar los problemas tarde, muchos años de errores y falta de determinaciones
que ponen en riesgo la seguridad jurídica. Muchos de los casos se asocian a
hechos de conflicto armado, tocan intereses ilegales, y esto aumenta el riesgo
de los funcionarios en las actuaciones.
·
Los grandes retos, que requieren ser superados
para darle sostenibilidad a estas actuaciones, necesitan de nuevos diseños
normativos, formulas dinámicas que viabilicen soluciones en el mediano plazo y
de estandarización de intereses y la conciencia para dar continuidad ya que no
es un proceso rápido. Estos retos tienen que ver con la seguridad, acciones
policivas y judiciales, inversión para el desarrollo rural, compensación a
terceros de buena fe, intervención en el mercado de tierras para compensar
algunos casos y la generación de una cultura de la formalidad en la tenencia de
la tierra que impida volver al caos.
·
En algunos casos debe repensarse las fórmulas
tradicionales que desde las figuras agrarias se regula la tenencia y
aprovechamiento de baldíos. Ejemplo: Ante grandes desarrollos de colonización
de zonas inadjudicables, en lugar de aspirar a desalojar todo, habrá que
preferirse la regulación del uso de las tierras (Ciénagas y Parques Naturales).
3. ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE BALDÍOS
·
Grupo élite interinstitucional: INCODER, SNR,
IGAC. Actuación por barrido en zonas priorizadas.
·
Esfuerzo de descongestión de acumulado
histórico. Procesos desde el 60 sin resolver. Aproximadamente 2000 procesos pendientes
de respuesta.
·
Focalización en problemas gruesos: falsas
tradiciones, tierras incultas, patrones generalizados detectados, necesidades
de tipo ambiental.
·
Inventario y registro de baldíos: Sistematización
de archivos históricos de INCORA/INCODER, Sistematización del registro de
instrumentos públicos, Revisión y actualización del RUPTA, Georeferenciación de
intervenciones de tierras.
·
Vinculación de la sociedad civil al proceso: Red
nacional de orientadores de procesos agrarios, observatorio de tierras, cátedra
de agrario, convenios con organismos especializados y acompañamiento y veeduría
internacional
4. BOLSA DE TIERRAS
·
El Estado necesita tierra para todo: restitución
y compensación a víctimas, desarrollo de infraestructura y servicios sociales y
públicos, superación de pobreza extrema, sustitución de cultivos ilícitos,
consolidación territorial, relocalización de poblaciones rurales para
desarrollo de otras políticas (conservación ambiental, grandes obras de
infraestructura, minería, desastres naturales), paz.
·
La experiencia de subsidio para la compra de
tierras ha resultado poco efectiva y costosa. La demanda siempre es superior a
la oferta, se generan expectativas que luego aumentan la desconfianza en el
Estado, los costos de buenas tierras son altos, la limitación en los subsidios
hacen que se intervengan tierras de minifundio (se compra a campesinos para
otros campesinos), la inseguridad en la tierra impide comprar, y los costos de
transacción son altos.
·
La única vía para poder contar con una provisión
de tierras necesaria para la redistribución son los baldíos de la Nación, que
en este siglo ya no corresponde a la noción del baldío que debe ser colonizado.
Lo que debe hacerse es buscar y recuperar los baldíos que fueron apropiados
ilegalmente.
Baldíos
de la Nación en conflictividad
Absalón
Machado C[1]
1.
Configuración
actual del campo colombiano según los tamaños de la propiedad y políticas
redistributivas.
Colombia viene de un proceso
de privatización de los baldíos que se inició especialmente en el siglo XIX con
la denominada “feria de baldíos”, cuando el Estado entregó, sin criterios y
ninguna exigencia productiva, extensiones enormes de tierras públicas a
latifundistas, comerciantes, políticos, militares, empresas explotadores de
petróleo, inversionistas extranjeros y tenedores de bonos de deuda pública. Este
proceso se mantuvo en las primeras décadas del siglo XX con características
nuevas, y con la ampliación a pequeños productores (colonos) durante los años
veinte y treinta.
Después de las ley 200 de
1936 el proceso de titulación de baldíos continuó en grandes extensiones, y solo
con la ley 135 de 1961 se regularon efectivamente los tamaños, intensificándose
la asignación de tierras a colonos con el límite de la UAF. Estos procesos se
complementaron con acciones privadas ilegales de apropiación de baldíos y
tierras privadas, especialmente en las últimas décadas y a raíz del conflicto
armado interno.
De acuerdo con la
clasificación elaborada por IGAC sobre los tamaños de los registros prediales[2], Colombia tiene una
estructura predial de carácter multimodal donde la mediana y la gran propiedad
tienen un predominio sobre la pequeña: esta representa el 17,52% del área
(predios menores de 20 ha), la mediana el 38,57% (predios entre 20 y 200 ha), y
la grande el 43,91% (predios mayores a 200 ha). Una aproximación a esta
estructura, desde el punto de vista productivo, permite afirmar que además del
latifundio extensivo y las economías campesinas o la pequeña propiedad, el país
tiene un estrato de mediana propiedad donde se ubican un sector muy importante
de explotaciones empresariales, o que usan tecnologías modernas; y que en la
gran propiedad también se encuentran establecimientos comerciales de
plantaciones (palma africana, explotación maderera, caña para biocombustibles,
granos, etc).
De otra parte, los datos de
uso del suelo indican la existencia de cerca de 39 millones de hectáreas en
pastos, lo que ha sido calificado, en general, como ganadería extensiva.
Desafortunadamente no se cuenta con datos que permitan calificar esta
afirmación, pues existen pequeñas y medianas explotaciones con pastos en
ganadería de leche y de doble propósito, y aun especializadas en carne, que no
entrarían en el calificativo de ganadería extensiva[3]. Lo que sí es evidente es la
existencia de un conflicto de uso del suelo, pues en ganadería sólo deberían
estar 21 millones de hectáreas, en lugar de los 39 millones.
Lo que quiero señalar
definitivamente es que debemos pasar de las afirmaciones generales a los análisis
más precisos y de tipo territorial o regional, para verificar que la estructura
de la tenencia de la tierra, siendo altamente desigual por sus índices Gini de
tierras, es altamente diferenciada y requiere de políticas agrarias diferentes
según los territorios y sus contextos. Una reforma agraria como política
general para todo el país, al estilo de la Ley 135 de 1961, no se ajusta a las
características de la estructura actual, que no pude definirse como la
contraposición latifundio-minifundio como en los años sesenta. Parte
significativa del uso de la tierra se ha modernizado, y parte también notoria
se ha latifundizado, especialmente durante el conflicto en los últimos 30 años.
Por eso, la afirmación de
que “la expansión terrateniente y una colonización campesina que amplía la
frontera agrícola componen las dos caras de la configuración actual del campo
en Colombia”, introduce imprecisiones que estamos en mora de corregir. Si bien
estos dos procesos son característicos en la ruralidad colombiana, no son
únicos, pues a su lado se va extendiendo una agricultura comercial moderna no
siempre fundamentada en grandes extensiones, donde la mediana propiedad es
importante en algunas regiones.
De acuerdo con las
clasificaciones del IGAC existen 17 departamentos de los 28 registrados (64,3%
de los departamentos), sin considerar a Antioquia, donde la mediana propiedad (entre
20 y 200 ha) supera a la grande en el área controlada. Y en 10 departamentos de
los 28, la mediana tiene más del 50% del área registrada en el IGAC. La gran
propiedad (superior a 200 ha) solo es absolutamente predominante en Arauca,
Casanare, Chocó, Meta, Sucre y Vichada. Si se elaboran las clasificaciones de
tamaño considerando la UAF promedio municipal como medida de los tamaños, la
estructura adquiere otras características.
Esta información de por sí
sugiere que las políticas de redistribución o de tratamiento de la propiedad
rural deben diferenciarse por regiones, y aplicar la tradicional política de
reforma agraria (redistribución sin mayores criterios) si bien puede ayudar a resolver
algunos problemas de inequidad, no soluciona la problemática rural. La política
redistributiva tuvo las siguientes dificultades en su aplicación y concepción:
a)
Falta de decisión y poder político del Estado
para realizarla y enfrentar los poderes e intereses de los grandes propietarios
acumuladores de tierras
b)
Redistribuciones de tierras sin el adecuada
acompañamiento en crédito, tecnología, acceso a mercados y bienes públicos
c)
Carencia de una estrategia articuladora de
desarrollo rural que contemple como uno de sus componentes los procesos
redistributivos
d)
Falta de una política nacional contra la
inequidad y la mala distribución de la riqueza.
e)
Carencia de oportunidades para los pobladores
rurales que pueda brindarles opciones diferentes de ingresos y empleos que
complementen sus ingresos agropecuarios
f)
Oposición cerrada de los grandes propietarios
de la tierra y ejercicio de un poder fundamentado en la propiedad rural
g)
Reglamentación de las normas agrarias que se
han prestado a cuestionamientos jurídicos en su interpretación, dando espacios
a los enemigos de la reforma
h)
Reformas agrarias sin apoyo de la sociedad
urbana
i)
Precariedad de la institucionalidad de Estado
para mantener una estrategia de desarrollo rural
j)
Carencia de mecanismos de evaluación y
seguimiento a los programas, estrategias y proyectos,
k)
Debilidad de la organización campesina
2. ¿cómo frenar la concentración y control
monopólico de la tierra?
El marco de referencia en una
la lucha contra la pobreza, el freno a los poderes desbordados, y el mal uso de
la tierra, pasa en principio por una política pública guiada por la equidad y
la búsqueda de la igualdad, como característica del desarrollo del país. Pero
también empieza por una reflexión e investigación que permita identificar y
precisar los factores que en una sociedad como la colombiana conducen a la
concentración de la propiedad y su uso con carácter especulativo. Ello
sustentaría una política integral contra ese fenómeno, más allá del desarrollo
rural.
La premisa a considerar es
que una redistribución de la propiedad fundamentada solamente en la fragmentación
de la gran propiedad y el aumento del tamaño de las pequeñas, conservando la
mediana propiedad, es insuficiente para contener los procesos que estimulan la
concentración de la tierra. En una sociedad donde el mercado de tierras es
altamente imperfecto, con un Estado sin una institucionalidad fuerte y adecuada
para administrar los derechos de propiedad y el uso de la tierra, se requiere
ir más allá del aspecto redistributivo de la propiedad. Una política en ese
sentido debería contener elementos y procesos como:
·
Aplicar normas estrictas para cambiar el uso
del suelo y pasar de actividades extensivas a más intensivas, e incluso sacar
tierras de la producción para someterlas a procesos de recuperación. Ello es
parte de un proceso de ordenamiento del territorio con base en la
disponibilidad y uso de los suelos y el subsuelo.
·
Una política de desarrollo rural que tenga
como estrategia fortalecer la pequeña y mediana propiedad en relación con la
grande, pero que al tiempo respete la gran propiedad bien explotada que cumple su
función social y ambiental, y además genera empleos para los pobladores rurales
y promueve procesos de agregación de valor.
·
Usar los instrumentos fiscales para gravar
las propiedades grandes mal explotadas y abandonadas. Y además gravar con
tarifa adicionales a quienes quieran tener más propiedades en extensiones que
superen las 10 UAF. En algunas zonas, y en casos estratégicos para el
desarrollo, podrían establecerse excepciones, si la explotación grande adquiere
compromisos de incorporar a pequeños y medianos en los negocios vía alianzas
inclusivas que mantengan el protagonismo de los diferentes actores.
·
Adelantar una política de modernización del
mercado de tierras, que se inicie definiendo como un bien público a la
información predial y de derechos de propiedad, con acceso libre y transparente
para todos.
·
Quitarle a la tierra, mediante diversos
mecanismos, la característica de bien especulativo. El Estado debería expropiar
y extinguir el dominio de toda tierra que se use y mantenga con esos fines de
capturar rentas institucionales (valorización).
·
Iniciar el proceso de desconcentración de la
propiedad mal usada en aquellas zonas donde el índice Gini de tierras supere
0.80, mediante un proceso acumulativo y gradual.
·
Delimitar zonas de reserva campesina en áreas
donde exista potencial productivo y de diversificación de fuentes de ingresos.
3. Una nueva estructura institucional
Los diferentes diagnósticos
existentes en el país coinciden en afirmar que en el sector rural se ha
presentado una des-institucionalización de lo público. Es decir, el Estado se
ha ido debilitando significativamente en su capacidad y los arreglos
institucionales necesarios, para atender las demandas de los pobladores rurales
y resolver de manera eficiente y eficaz los diversos problemas críticos que
caracterizan la ruralidad colombiana[4]. También existe consenso
sobre la necesidad de crear una nueva institucionalidad para hacer operativo el
criterio de un desarrollo rural con enfoque territorial, y avanzar en arreglos
institucionales que han sido superados por los hechos.
Esa institucionalidad
renovada requiere empezar por identificar una nueva estructura especializada en
la administración del recurso tierra, desde el punto de vista de los derechos
de propiedad y de su uso, incluyendo tierras privadas y públicas. Una estructura
que funcione de manera independiente de las entidades que ejecutan políticas de
desarrollo rural, manteniendo una coordinación estrecha entre ellas.
La estructura debe ser
descentralizada, pero con unas políticas de nivel central que fijen las pautas
de referencia para la aplicación en los territorios. La descentralización
implica riesgos que deben tenerse en cuenta, como la cooptación, la corrupción,
el clientelismo, el mal uso de los recursos por algunas administraciones
locales, o su simple incapacidad, o falta de voluntad política para apoyar procesos que implican transformaciones
de la realidad.
Una entidad o estructura de
esa característica requiere además de una visión integral del desarrollo rural
territorial. Y debe tener como referente un verdadero ordenamiento territorial
que vaya más allá de los aspectos administrativos. Tiene sentido diseñarla si
se enmarca en una política y estrategia sostenible y sólida del Estado para el
desarrollo rural.
En una institucionalidad
renovada se hace indispensable que toda la sociedad organizada participe,
empezando por los municipios y departamentos, los gremios, los académicos, las
organizaciones sociales y económicas del territorio, las diferentes entidades
públicas y sus programas, la superintendencia de Notariado y Registro, la Fiscalía
y los organismos de control, y las ONG y programas de la comunidad
internacional.
Sigue siendo un desafío
reinventar los mecanismos de coordinación de una entidad que administre el
recurso tierra, con las otras instancias públicas y privadas, tanto de orden
nacional como regional y local.
Una estructura de esas
características debe enfrentarse a tres tipos de estructuras de tenencia de la
tierra (la legal, la ilegal y la informal). Por ello, requiere blindarse para que
no sea desestructurada y cooptada. Ese blindaje puede construirse partiendo de información
pública, el apoyo de la sociedad civil, la generación de una nueva burocracia
capacitada, una reflexión permanente sobre los procesos en marcha, mecanismos
ágiles de denuncia, el apoyo de la fuerza pública, el combate a la ilegalidad y
la corrupción, la fortaleza institucional en las regiones, los asocios con el
sector privado para algunas actividades, la veeduría ciudadana permanente
(crear grupos elites de la sociedad civil para las denuncias calificadas),
suministro de información –informantes sobre baldíos y derechos de propiedad, una
especie de chepitos de la propiedad
rural reconocidos). En fin, se blinda con la participación y el debate público.
4.
¿Recuperar
baldíos sin conocer su cantidad y ubicación?
La expansión de la frontera
agropecuaria se ha dado con una normatividad insuficiente, y por lo general
elaborada sin tener en cuenta una estrategia de transformación del mundo rural
dentro de la modernidad, y si un modelo o estilo de desarrollo que busque
beneficiar el desarrollo de la mayoría de la población. Las normas han sido
además aplicadas dejando espacios para la ilegalidad.
Con la normatividad existe
sobre baldíos se pueden recuperar los que pertenecen a la Nación. El problema
está en la capacidad institucional para hacerlo, y en la falta de información
sobre cuáles son, donde están, en manos de quién, y si una vez recuperados el
Estado tiene como defender sus propios derechos frente a los despojadores que
actúan en la ilegalidad y usan los vacíos existentes (debilidad en las notarías,
oficinas de registro y el Incoder).
Considero que si es posible recuperar
los baldíos, y los mecanismos deben partir del buen conocimiento sobre su existencia,
ubicación y características. No está de más, sugerir la necesidad de elaborar
un inventario, territorio por territorio, empezando por las zonas de
colonización de las últimas décadas.
El proceso debe incluir
también la designación de un equipo élite especializado en el tema, que se
desplace zona por zona haciendo un barrido para la identificación de los
terrenos de la Nación. Ello requiere un proceso de capacitación rápido, y
recursos financieros de emergencia. El equipo, en coordinación con la Superintendencia
de Notariado y Registro, debe revisar la información existente en las Notarías
y oficinas de registro de instrumentos públicos. Y esas labores se pueden
complementar con cartografía social, donde la comunidad contribuye con
información para esclarecer los derechos de propiedad.
Analizar con lupa las
transacciones realizados en notarías y oficinas de registro de por lo menos los
últimos 30 años, zona por zona, y donde existan sospechas de transacciones con
baldíos, o zonas de intenso conflicto y presencia de grupos armados ilegales.
Y como estrategias de
política el país debe tomar la decisión definitiva de revisar a fondo, o elaborar
un nuevo catastro que incluya las tierras públicas y privadas, para redefinir
linderos y derechos de propiedad. Y además, aplicar las normas vigentes sobe baldíos
e irlas ajustando a medida que el proceso muestre donde están los vacíos. Darle
todo el peso a combatir la ilegalidad, aplicando normas muy estrictas para los
violadores de derechos.
La responsabilidad de hacer
este trabajo debería estar en una entidad encargada del tema de tierras, y que
no la mezcle con otras labores como el desarrollo rural.
El proceso de recuperación
de baldíos puede hacerse, aun sin el conocimiento señalado antes, empezando con
la información disponible mientras se diseña una estructura adecuada para ello.
Es importante comenzar la recuperación en las zonas más críticas donde el
Estado tenga indicios de despojos.
La información sobre baldíos
se actualiza con dos procesos paralelos: cartografía social por regiones o
zonas, actuación del grupo élite por zonas y territorios y un buen censo
agropecuario que incluya mecanismos para identificar áreas donde existen
baldíos. No puede dejarse de lado el desempolvar los archivos del Incora e Incoder,
también con un grupo especial, con tiempos definidos y con prioridades. La
actualización de la información la debe hacer el Estado aliándose con entidades
privadas reconocidas que permitan credibilidad y confianza. También se podría
acudir a entidades internacionales especializadas, mediante contratos o
convenios de cooperación técnica.
En síntesis, la recuperación
de tierras del Estado y la actualización de la información sobre baldíos es un
proceso que exige combinar todos los procesos posibles para alcanzar una meta
definida en el corto y median plazo.
[1]
Ponencia presentada en el Foro
realizado por el Incoder y la Corporación Latinoamericana Misión Rural, Panel
“Baldíos de la Nación en conflictividad”, Bogotá, febrero 14 de 2013.
[2] IGAC, Atlas de la distribución de la
propiedad rural en Colombia, Bogotá, 2012.
[3]
Todos los estudios realizados en América Latina hasta ahora han mostrado que la
pequeña propiedad y la mediana son más eficientes que la grande, y por lo
general se explotan con diversas tecnologías y no pueden calificarse de
propiedades de tipo extensivo.
[4]
Una aproximación a esas problemáticas se puede encontrar en el Informe Nacional
de Desarrollo Humano 2011, Colombia rural, razones para la esperanza, publicado
por el PNUD, Bogotá.
No hay comentarios:
Publicar un comentario